Área del derecho con el que se relaciona

En derecho mexicano no se exige que los requisitos que debe contener el documento, se redacten en una forma determinada.

Los pagarés exigibles a ciero plazo de la vista, deben ser presentados dentro de los seis meses que sigan a su fecha ; la presenhtación sólo tendrá el efecto de fijar fecha del vencimiento.

Puede subscribirse un pagaré en representación de otro, siempre y cuando esa representación se confiera mediante poder inscrito debidamente en el Registro de Comercio .

Son capaces de obligarse con cualquier carácter por un pagaré, todos los que tengan la capacidad legal para contratar, según las disposiciones relativas del derecho privado.

Las personas morales se obligan por medio de los órganos que las representan , sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constituitivas y de sus estatuos.

Derecho Mercantil

Titulos y Operaciones de Credito

Derecho Bancario

· Rafael de Pina

Diccionario de Derecho

Editorial Porrúa

Vigésima edición pag: 394

Papel de obligación por una cantidad que ha de pagarse a tiempo determinado. Es un título de crédito que contiene la promesa incondicional de una persona llamada suscriptora, de pagar a otra persona que se denomina beneficiaria o tenedora, una suma determinada de dinero. Los requisitos son:
a) La mención de ser pagaré, inserta en el texto del documento
b) La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero
c) El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago
d) La época y el lugar de pago
e) La fecha y el lugar en que se suscriba el documento
f) La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre
Ahora bien, el hecho de que se omitan dichos requisitos, excepto el de la firma del suscriptor, pues es uno de los requisitos que jamás puede faltar, si al momento de presentarse el mismo para su cobro, se subsana dicha omisión, no afecta la validez que como título de crédito tiene el pagaré.

Derecho Mercantil

Titulos y Operaciones de Credito

Derecho Bancario

Derecho Civil

Derecho Mercantil

Derecho Civil

Derecho Mercantil

Derecho Civil

Derecho Mercantil

Derecho Bancario

Titulos y Operaciones de Credito

Pago

Derecho Civil

Derecho Mercantil

Operación por la cual mediante entregas de dinero o tramites bancarios, un funcionario contable de fondos públicos paga una deuda del erario regularmente ordenada, al acreedor que justifica su derecho

Derecho Civil

Derecho Mercantil

Derecho Civil

Derecho Mercantil

Derecho Civil

Derecho Mercantil

Derecho Civil

Derecho Mercantil

De Ibarrola, explica que la copropiedad es un "accidente" de la propiedad: " es la simultaneidad en el derecho de que varios individuos tienen respecto a una cosa en la cual poseen una parte ideal, que se denomina parte alícuota.

El señala que cada copropietario tiene la propiedad de su parte alícuota y la frutos y utilidades, de ahí que pueda ejercitar sobre ella, cualquier otro acto de dominio debiendo respetar el derecho del tanto de los demás condueños. Los efectos de la enajenación sólo surtirán sobre la porción que se le haya adjudicado al momento de dividir la cosa.

Ibarrola Antonio
Cosas y sucesiones
4ta. Edición México
Porrúa 1977

Parte Alícuota.

I

Parte Alícuota.

Cada una de las que miden exactamente al todo; como una mitad, un tercio, un cuarto, un quinto. Para el derecho, no tiene importancia en tales supuestos que el todo sea exactamente divisible; ya que existe el remedio de la evaluación o la enajenación y la subdivisión del precio, que se estima divisible siempre. Estableciendo una presunción bastante logica acerca de condominios y coparticipaciones, un afosismo latino expresa: "Ubi partes expresase non sunt, aequales sunt" ( Cuando las partes no estan determinadas, son iguales ).

I. Introducción.- La participación es la materia que, junto a la
auditoría, se estudia al tratar la codelincuencia (a veces se incluye el encubrimiento, pero este no es una forma de intervención en el delito).

En la voz Autoría se analizan cuestiones que afectan muy directamente a la participación, como la del concepto de autor que se maneja, la distinción entre autoría y participación y las peculiaridades de la participación imprudente, por lo que las misma no se examinarán aquí. Baste recordar que el concepto de autor que se mantiene es el restrictivo y que, en su desarrollo, se procura ser coherente al máximo con el mismo para mantener
sus ventajas, derivadas en gran parte de la accesoriedad de la
participación.

Se habla ahora de participación, no en sentido amplio equivalente a
codelincuencia o intervención en el delito, sino en sentido estricto,
opuesto a autoría. Partícipes son los sujetos que intervienen en un
delito, sin ser autores del mismo, es decir, sin realizar la acción típica nuclear, sin determinar positiva y objetivamente el hecho, siempre y cuando sus conductas estén recogidas en alguno de los preceptos del CP que describen formas de participación . Esa intervención en delito puede revestir diversas modalidades, como se ve al analizar las formas de participación, pero todas tienen en común el fomentar, facilitar o favorecer la realización del hecho
típico del autor.

De enterra Garrcia, Eduardo. “Enciclopedia Jurídica Básica”. Volumen
III. Ed.
Civitas, S.A. p.p. 4778

En 1931 se expidió por el Presidente de la Republica, el Código Penal para el Distrito Federal, el cuál no fue resultado de un acto legislativo; su nombre completo es Código penal para el Distrito Federal en material del Fuero Común y para toda la Republica en materia Federal. Rigiendo la legislación penal, derivada de manera directa en el caso del Distrito Federal, en el sentido de los problemas que aquejan a el sector social de esta capital.
El Código Penal par el Distrito Federal consta de dos libros, el primero con
seis capítulos y el segundo con veintiséis capítulos, los cuales son numerados a continuación:

Libro Primero
Título Primero: Responsabilidad Penal.
Título Segundo: Penas y medidas de Seguridad.
Título Tercero: Aplicación de las Sanciones.
Título Cuarto: Ejecución de Sentencias.
Título Quinto: Extinción de la Responsabilidad Penal.
Título Sexto: Delincuencia de Menores.

Libro Segundo
Título Primero: Delitos contra la seguridad de la Nación.
Título Segundo: Delitos contra el Derecho Internacional.
Título Tercero: Delitos contra la humanidad.
Título Cuarto: Delitos contra la seguridad pública.
Título Quinto: Delitos en materia de vías de comunicación y de correspondencia.
Título Sexto: Delitos contra la autoridad.

Como adjetivo, evidente, visible. Con valor substantivo, el título, documento o despacho, librado por autoridad competente, que permite el desempeño de un empleo, el ejercicio de una profesión o el disfrute de un privilegio. | Permiso gubernamental para el ejercicio de ciertos comercios o industrias, mediante el pago de la cuota o derecho para ello señalado. (V. MARCA DE FÁBRICA.) | Certificado que protege un invento o alguna otra actividad u objeto de la industria. (V. PATENTE DE INVENCIÓN.) | Autorización para ejercitar ciertas formas de comercio marítimo. | Cédula de algunas cofradías o sociedades que acredita el carácter de miembro de las mismas y que permite utilizar sus ventajas y locales. | DE CORSO. Documento que los gobiernos extendían a favor de un particular para hacer el corso, contra enemigos del país. | DE INVENCIÓN. Título que acredita la prioridad en el registro de una invención, o que faculta para explotarla. | DE NAVEGACIÓN. Documento expedido por autoridad competente que permite navegar a un buque, acredita su nacionalidad y le autoriza para usar el pabellón. | DE SANIDAD. La certificación que llevan las embarcaciones cuando van de un puerto a otro, para comprobar que había o no había peste o peligro de contagio en el punto de salida.

Autorización que se tiene para realizar actos prohibidos a los demás.

Documentoexpedido por la hacienda pública que acredita el pago que la ley exige parael ejercicio de algunas profesiones o industrias. Derecho temporario que impide a terceros apropiarse de una invención original, útil y no evidente

Diccionario Jurídico
Ma. Laura Valletta
Valletta Ediciones
1999, Argentina

La patria potestad, respecto de los hijos de matrimonia la ejercen los padres en su defecto, los abuelos, paternos y a falta de estos los maternos.

La patria potestad, respecto del hijo adoptivo la ejercen unicamente quienes lo adoptan.

El hijo que está bajo la patria potestad no podra dejar la casa de los que la ejercen sin permiso de ellos o por mandato de la autoridad . tampoco puede contraer ninguna obligación sin el conmsentimiento expreso de sus tutores . Estos tienen la obligación de educar a sus pupilos y la facultad de corregirles y castigarles mesuradamente.

Patria potestad:Conjunto de derechos y deberes que al padre y en su caso a la madre , corresponde en cuanto a las personas y bienes de sus hijos menores de edad y no emancipados

.El poder de fijar y señalar el domicilio de una familia, regir las persona que la integran o conviven en la casa , así como mantener y defender el patrimonio de la familia y el nombre de la casa, en una adaptación paternalista, de inspiración romanista indudable.

derecho usual, Guillermo Heliasta, Tomo P-Q, Editorial
Caballenas.

introducción al estudio del derecho, Leonel Pereznieto, Aberl Ledesma. Editorial
Harla.

Patria Potestad

Patria Potestad

Es el conjunto de derechos y facultades que la ley concede a la madre y al padre sobre la persona y bienes de sus hijos menores, para permitirles el cumplimiento de sus obligaciones como tales; sólo se conceden a los padres, como consecuencia de las graves obligaciones que tienen que cumplir; solo existe patria potestad porque hay obligaciones numerosas a cargo del padre y de la madre, las cuales se resumen en una sola frase: la educación del
hijo.

Planiol, Marcel et al "Derecho Civil" ed Harla, México, DF, (1997),
Tomo 8,
pp 255.

Es una institución de Derecho Civil que tiene por objeto la guarda y protección de los hijos menores y de sus bienes. El ejercicio de ésta implica un conjunto de derechos, obligaciones y facultades que la ley señala a los ascendientes. (Soto, 1999)

Patrimonio

1. En lo administrativo. Entre los romanos, el "peculatum" se castigó primeramente con pérdida del empleo y de la honra; después, con el destierro; y finalmente, con la muerte. Tras este punto culminante en la represión, las sanciones evolucionaron hacia la benignidad, al reducirlas a la deportación y confiscación; más adelante, a la privación de la ciudadanía y restitución del doble, que equivale a una multa del tanto.
2. En lo bélico. Algunos autores militares entienden específicamente por "peculatum" el robo de una parte del botín, que los romanos castigaban con enorme severidad y sin respetar el prestigio logrado en el combate. Fue acusado así Escipión el Asiático, en el año 516 de Roma, por haber recibido enormes cantidades de oro y plata, de la que había retenido para sí, a más de las entregadas al Erario. Juzgado por el Senado, le fueron confiscados todos sus bienes; pero se libró de la prisión gracias al beto de Tiberio Graco, aunque enemigo político suyo, reconocedor de los servicios militares prestados a Roma.

Derecho Administrativo

Derecho Penal

Derecho Penal

Derecho Administrativo

Derecho Penal

Derecho Administrativo

Penitenciaría

Cárcel, penal: cumple condena en la penitenciaría.

Cantidad periódica, mensual o anual, que el estado concede a determinada personas por meritos o servicios propios o de una persona de su familia

Derecho Civil

Derecho Agrario

Ley Agraria, Ediciones Fiscales ISEF, S.A., México 2000. P.p 26-28

Pericia

Actividad del perito. // Resultado de esta actividad

Peritaje

Derecho Procesal Civil

Derecho Procesal Penal

Derecho Procesal Laboral

Enciclopedia Jurídica OMEBA
Editorial Driskill
Argentina, 1991
Tomo XXII

Entre los actos administrativos, el permiso, es el reconocimiento a cargo de la autoridad competente de un derecho del particular, que allana la vía para el ejercicio de una actividad especial reglamentada por el Estado, o la realización de actos que ensanchan la esfera jurídica de su circunstancia. El maestro Gabino Fraga encasilla al permiso administrativo entre los actos jurídicos directamente orientados a ampliar la esfera de derechos y obligaciones de los particulares frente al Estado, y lo define como: "Un acto administrativo, por el cual se levanta o remueve un obstáculo o impedimento que la norma legal ha establecido para el ejercicio del derecho de un particular". Olivera Toro, explica que el permiso administrativo o autorización tienen el mérito " de actualizar un derecho en potencia del particular", dado que existe "la libertad de actuar con sujeción a determinadas condiciones.

Enciclopedia Jurídica OMEBA
Editorial Driskill
Argentina, 1991
Tomo XXII

Persona

Derecho Civil

Introduccion al Estudio del Derecho

Persona Jurídica

La personalidad moral ha sido tema muy debatido y existen multitud de teorías que pretenden justificar o impugnar su reconocimiento jurídico. La más citada es la teoría clásica de la ficción(Savigny) conforme a la cual toda persona moral, inclusive el Estado, es una ficción porque escapa a la apreciación de nuestros sentidos, porque son creaciones artificiales, abstracciones a las que se reconoce una personalidad. Según esta tesis, sólo pueden ser sujetos de derecho los seres humanos porque son los únicos capacitados con voluntad y libertad, requisitos indispensables para la existencia de los derechos subjetivos y deberes jurídicos.

Sus atributos: Las personas morales tienen los mismos atributos que las persona físicas(Capacidad; Patrimonio; Denominación o razón social; Domicilio; y Nacionalidad), excepto el atributo del estado civil. El único atributo restringido es la capacidad jurídica ya que solo pueden adquirir ciertos derechos y contraer determinadas obligaciones. Sus atributos son totalmente diversos de los de las personas físicas que las componen o administran. Pueden tener el carácter de acreedoras o deudoras aún con respecto a sus propios miembros; igualmente pueden comparecer ante los tribunales por medio de sus representantes y litigar contra toda clase de personas incluyendo a sus integrantes.

Variedad de Persona Moral: Existen diversas clases de personas morales atendiendo a su estructura, origen y fine. Por su estructura pueden ser: corporaciones o asociaciones y establecimientos o fundaciones. Las corporaciones o asociaciones son aquellas entidades morales formadas por una pluralidad de individuos que unen esfuerzos para un fin de utilidad pública, privada o ambas conjuntamente, de cualquier orden ya sea moral o material. Los establecimientos o fundaciones no están formadas por un grupo de personas, sino por un fondo generalmente donado por algún filántropo con fines humanitarios o de interés social, como los hospitales, centros educativos, etc. Por su origen y fines las personas morales se dividen en públicas y privadas. Las personas morales públicas o de Derecho Público son creadas y organizada por el Estado para complementar los propósitos que sigue, como los Municipios, las dependencias oficiales, etc. Las personas morales privadas o regidas por el Derecho Privado nacen por la voluntad de los particulares, pero autorizadas por la Ley, como son las sociedades mercantiles, los sindicatos, asociaciones deportivas, etc., que deben de ajustarse a la ley correspondiente.

El Artículo 25 del Código Civil dice que son personas morales:
I. La Nación, los Estados y los Municipios;
II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la Ley;
III. Las Sociedades Civiles y mercantiles;
IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 constitucional.
V. Las sociedades cooperativas y mutualistas, y
VI. Las Asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan con fines políticos, científicos, artísticos, o con cualquier otro fin licito, siempre que no fueran desconocidas por la ley.

Toda persona moral de Derecho Privado que no se proponga el lucro se denomina asociación civil.
Y la Sociedad mercantil es una persona moral que se forma para especular con actos de comercio con la mira de lograr utilidades entre sus socios que aportan su dinero y talento para alcanzar sus fines.

Tipos de sociedad:
- Sociedad en nombre colectivo
- Sociedad en comandita simple
- Sociedad de responsabilidad limitada
- Sociedad anónima.
- Sociedad en comandita por acciones
- Sociedad Cooperativa
- Asociación en participación

Derecho Civil

Introduccion Al Estudio del Derecho

Existe una correspondencia entre los atributos de la Persona Física y los de la moral, exceptuándose lo relacionado con el estado civil, que solo puede darse en las personas físicas ya que deriva del parentesco, del matrimonio, del divorcio del concubinato.

La capacidad de las personas morales se distingue de la de las personas físicas en dos aspectos: a) en las personas morales no puede haber incapacidad de ejercicio, toda vez que ésta depende exclusivamente de circunstancias propias e inherentes al ser humano.
b) En las personas morales su capacidad su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines. Podemos formular como regla general la de que dichas entidades no pueden adquirir bienes o derechos o reportar obligaciones que no tengan relación con su objeto y fines propios.

La denominación de las personas morales equivale al nombre de las personas físicas, por cuanto que constituye un medio de identificación del ente absolutamente necesario para que pueda entrar en relaciones jurídicas con los demás sujetos. El artículo 25 previene que toda sociedad en nombre colectivo debe existir bajo una razón social que se formara con el nombre de uno o más socios y cuando en ella no figuren los de todos, se le añadirán las palabras "y Compañía" u otras equivalentes.

Finalmente, la nacionalidad de las personas morales se determina de acuerdo con el artículo 5° de la vigente ley de Nacionalidad y Naturalización, tomando en cuenta dos factores: que se hayan constituido conforme a las leyes mexicanas y que, además, establezcan su domicilio en el territorio de la República. Cumplido esto tendrá la Nacionalidad mexicana.

Derecho Civil

Introduccion Al Estudio del Derecho

Desde el punto de vista jurídico, en sentido estricto es el ser humano, en cuanto se considera la dignidad jurídica que como tal merece. Hay un deber general de respeto a la persona que cuando se infringe, origina acciones declarativas (tendentes a exigir la identificación frente al desconocimiento), negativas (orientadas a reprimir o impedir confusiones con otras personas, falsas atribuciones y simulaciones) e indemnizatorias, es decir aquellas que persiguen el resarcimiento de daños ocasionados a la misma.

Consustancial con la persona es la capacidad jurídica, entendida como aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Junto a las personas físicas se reconoce la existencia de personas jurídicas, como las corporaciones, las asociaciones y las fundaciones.

Derecho Civil

Introduccion al Estudio del Derecho

Este término viene del latín que significa máscara. Desde su origen , el concepto de persona ha sido algo artificial, una creación de la cultura y no de la naturaleza.

La persona jurídica puede ser definida como toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada de seres humanos o de un conjunto de bienes y a los que, para la consecución de un fin social durable y permanente, es reconocida por el Estado.

Según Kelsen. " El derecho objetivo no flota como una nube sobre la realidad social , sino que se concreta en forma de derechos y deberes subjetivos los cuales necesitan, para existir, "titulares" ; y estos centros de imputación de derechos y deberes son personas".

Derecho Civil

Introduccion al Estudio del Derecho

Persona Natural

El hombre cual sujeto del Derecho con capacidad para adquirir y ejercer derechos, para contraer y cumplir obligaciones, para responder de sus actos dañosos.

Personalidad Internacional

Personalidad

Aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones. Diferencia individual que distingue a cada uno de los demás. Carácter bien definido. Escrito o discurso que se concreta a determinadas personas, con ofensa o perjuicio de las mismas. Capacidad para comparecer en un juicio. Representación legal y bastante para litigar.

En lo jurídico:
En el ámbito jurídico general, Capitant declara que cual derechos de la personalidad se comprenden los que tienen por objeto la protección de la persona misma y que, aún permaneciendo dentro de su patrimonio, son suceptibles, de llegar a ser lesionados, de servir de base a una demanda de restauración: derecho al honor, a la consideración, a la integridad moral, intelectual y física, derecho a un nombre, derecho para un autor de seguir siendo dueño de su pensamiento.

Derecho Civil

Introduccion al Estudio del Derecho

Personalidad con naturaleza jurídica

Constituye éste el punto fundamental de la teoría de los derechos de la personalidad. Pretende deslindar el agudo problema de si la protección jurídica que prestan los ordenamientos positivos a los bienes personales, tales como la vida, la libertad, el honor, constituyen simples reflejos del derecho objetivo, o llegan, por el contrario, a configurar auténticos derechos subjetivos. Existen dos grandes tendencias:

La tendencia negativa, que niega la existencia de verdaderos derechos subjetivos, fundándose, entre otras razones, en la interpretación del Código Civil alemán.

La doctrina positiva, que entiende que estamos en presencia de verdaderos y auténticos derechos subjetivos, predomina en la doctrina contemporánea.

Derecho Civil

Introduccion al Estudio del Derecho

Personeria

Facultad de representación

Plan libertador de los hijos del Estado de Morelos, afiliados al
Ejército Insurgente que defiende el cumplimiento del Plan de San Luis, con las reformas que ha creído conveniente aumentar en beneficio de la Patria Mexicana.

Este plan fue expedido por el general Emiliano Zapata y otros jefes militares.

Historia del Derecho

En abril de 1853, el general Antonio López de Santa Anna, apoyado por el grupo conservador, asumió la Presidencia de la República por enésima ocasión.
Santa Anna no tuvo límite alguno para ejercer el poder con facultades omnímodas, siendo elevado a rango de Alteza Serenísima. Su gobierno se caracterizó por vulnerar las libertades públicas, destituir a funcionarios y perseguir -hasta lograr su exilio- a destacados lliberales, así como por la centralización del poder en su persona.

En su exilio en Nueva Orleans, Benito Juárez, Melchor Ocampo y José María Mata, entre otros, esperaban el momento oportuno para regresar a México para iniciar la lucha contra el dictador.

Su evaluación de la vida política no era equivocada. Eran conscientes de la existencia de la inconformidad social y del orígen de un movimiento de rebelión. El gobierno centralista entraría en un conflicto que evidenció los enormes agravios hechos a la Nación.

La manifestación del descontento popular se expresó el 1º de marzo de 1854, cuando en la hacienda La Providencia, localizada en el estado de Guerrero, el coronel Florencio Villarreal hizo un llamado para terminar con la dictadura, mediante la promulgación del Plan de Ayutla, en cuya formulación participaron
figuras como Juan Alvarez, Ignacio Comonfort, Trinidad Gómez, Diego Alvarez, Tomás Moreno y Rafael Benavides, todos ellos jefes militares de tendencia liberal.

El referido documento como propósitos fundamentales señalaba la destitución del dictador y la designación de un presidente interino que convocara a un Congreso Extraordinario, el cual tendría el carácter de Constituyente, para organizar al país como República representativa y popular, creando una ley fundamental adecuada a las necesidades y características de la Nación.

El 11 de marzo de 1854, Ignacio Comonfort propuso algunas modificaciones al Plan original con el consentimiento de todas las fuerzas rebeldes,.

Asíquedó manifestada claramente la indignación pública hacia e gobierno santanista,con lo cual dio inicio la Rebelión de Ayutla.

Juan Alvarez e Ignacio Comonfort fueron los jefes más notables del movimientosubversivo. El primero, como destacado general brigadier de amplia experiencia militar y exgobernador de Guerrero; el segundo, estupendo estratega, quien en la inercia del movimiento antisantanista adquirió el carácter de general
en jefe de las tropas de Michoacán, a cuyo mando tomaría las plazas de Zapotitlán
y Colima.

Al enterarse del levantamiento, el presidente López de Santa Anna encabezó la tarea militar de aniquilarlo, creyendo que se enfrentaba a una revuelta menor. Sin embargo, en su intento de apoderarse del puerto de Acapulco fracasó, cuando Comonfort se resguardó en el Castillo de San Diego y derrotó su ofensiva.
Después Comonfort partió hacia Estados Unidos en busca de recursos económicos y armamento para el movimiento revolucionario.

Al mando del general Juan Alvarez, y al regreso de Comonfort, con un abastecimiento de recursos militares importantes, el movimiento opositor al general Santa Anna adquirió mayor fuerza y penetración, extendiéndose hacia los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco.

A mediados de 1855, una vez derrotadas las fuerzas santanistas, las plazas de Jalisco y Colima fueron ocupadas por los grupos rebeldes, victorias con las cuales podía considerarse triunfante el Plan de Ayutla. El 9 de agosto del mismo año, Santa Anna abandonó la Ciudad de México; días después redactó
un manifiesto en la ciudad de Perote, por medio del cual renunció al cargo de presidente de la República.

Con la proclamación del Plan de Ayutla se inició el período que culminaría con la organización del Congreso Constituyente de 1856, y con la promulgación de la Constitución Política de 1857, texto constitucional que estableció los principios políticos fundamentales que rigen la vida ciudadana del país.
El Plan de Ayutla plasmó el ímpetu del pueblo mexicano para limitar el abuso del poder y terminar con la violación de las garantías de libertad, pensamiento y acción, y representó un esfuerzo colectivo en la búsqueda y establecimiento
de una Nación más justa, libre y soberana.

Plazo

Plebiscito

Plutocracia

Población

Población

Del latín populus, populare que significa pueblo, poblar. Expresa el acto de poblar, de dotar de habitantes á un territorio; pero en el sentido científico indica mas bien el resultado de ese acto, es decir, el conjunto de habitantes de un país o territorio político, administrativo o socialmente determinado.

Población

Conjunto de individuos que se hallan en un enclave geográfico dado, de forma que existen muchas posibilidades de que estén emparentados.

Eenciclopedia Universal Americana, Edit.Espasa-Calpe, tomo XLV, Madrid España, 1973.

Población

Poblar : colonizar, fundar u ocupar con gente un lugar o sitio para que habite trabaje o viva en él.

Poder

Facultad de hacer, en nombre de otro, lo mismo que este haría por sí mismo en determinado negocio.

Acto o instrumento en que consta la facultad que una persona confiere a otra para que en lugar suyo y representándola pueda ejercer un derecho o ejecutar alguna cosa.
Capacidad de controlar a otros en un ente y tener facultades decisorias a nivel de dirección. Posesión del control , autoridad o influencia sobre otros.

En sentido gral.: posibilidad de hacer u omitir algo. En sentido legal: Facultad o aptitud que se tiene para realizar u omitir lícitamente algo. Denominación dada a cada una de las ramas de la organización del estado , para cumplir las funciones legislativas , ejecutivas y judiciales. Acto jurídico o mandato: atribución o autorización otorgada a alguien para que pueda actuar a nombre y en representación del ponderaste.

Escritura asentada en el protocolo del escribano en la que se acuerda un mandato.

Historia del Derecho

Introduccion al Estudio del Derecho

Valleta María Laura , Diccionario Jurídico , Valleta Ediciones , 1999 , Argentina

Alcalá Luis y Castillo Zamora , Diccionario Enciclopédico de derecho usual, Editorial Heliasta , Tomo VI , 5 edición , Argentina 1997 , pag 287.

El estado federal se encuentra constituido por la federación, que es una comunidad jurídica central y los estados miembros, que forman una variedad de comunidades jurídicas locales.

Título Séptimo: Delitos contra la salud.
Título Octavo: Delitos contra la moral Pública y las buenas costumbres.
Título Noveno: Revelaciones de secretos.
Título Décimo: Delitos cometido por servidores públicos.
Título Decimoprimero: Delitos cometido contra la administración de
justicia.
Título Decimosegundo: Responsabilidad profesional.
Título Decimotercero: Falsedad.
Título Decimocuarto: Delitos contra la economía pública.
Título Decimoquinto: Delitos contra la libertad y el normal desarrollo
psicosexual.
Título Decimosexto: Delitos contra el estado civil y bigamia.
Título decimoséptimo: Delito en materia de inhumaciones.
Título decimoséptimo-bis: Delitos contra la dignidad de las personas.
Título Decimoctavo: Delitos contra la paz y la seguridad de los
personas.
Título Decimonoveno: Delitos contra la vida y la integridad corporal.
Título Vigésimo: Delitos contra el honor.
Título Vigésimo primero: Privación ilegal de la libertad y de otras
garantías.
Título Vigésimo segundo: Delitos en contra de las personas en su
patrimonio.
Título Vigésimo tercero: Encubrimiento y operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
Título Vigésimo cuarto: Delitos electorales.
Título Vigésimo quinto: Delitos ambientales.
Título Vigésimo sexto: Delitos en materia de derecho de autor.

En la actualidad a tenido numerables reformas; dichas reforma
constituyen la oportunidad del órgano legislativo esta entidad, de poder aportar y mejorar, lo correspondiente para la lucha de de la seguridad publica, impunidad, los ordenamientos legales se adapten a la realidad social, política y jurídica.

Hoy en día existe una gran necesidad social para combatir la
inseguridad pública y para castigar a los delincuentes. Para esto se requiere de una amplia reforma para dicho Código, tarea que lleva a cabo la Asamblea Legislativa, la cual conlleva la urgente respuesta a los aclamos de la sociedad.

Es posible situar ocho puntos importantes que urgen en la reformación del Código Penal para el Distrito Federal:

• Cambio de Denominación.
• Evitar resquicios a la Impunidad.
• Mejores instrumentos para combatir la Corrupción.
• Mejores Instrumentos para persecución de la delincuencia.
• Mayor protección a victimas del delito.
• Mayor protección a mujeres y menores.
• Mayor protección al medio ambiente.
• Protección a la dignidad de la persona.

Posesión

1Circunstancia de tener una persona poder sobre cierta cosa para usarla y disponer de ella.

= propiedad

2 Cosa de la que una persona es dueña, en especial cuando se trata de fincas rústicas.

= dominio

3 Territorio situado fuera de las fronteras de una nación, pero que le pertenece por tratado, ocupación o conquista.

= colonia, dominio

4 Posesión civil: la adquirida de buena fe y conforme a Derecho.

5 Posesión clandestina: La que se tiene o se obtiene de forma oculta o furtiva

6 Posesión de buena fe: La que se tiene sin conocimiento de ilegitimidad en el título o modo de adquisición.

7 Posesión de mala fe: La que se tiene con conocimiento de la ilegitimidad del título o modo de adquisición.

8 Posesión natural: Real aprehensión o tenencia de una cosa corporal.

9 Posesión turbativa: La que se obtiene con violencia sobre la que otro tenía de forma pacífica.

10 Posesión Violenta: La que es ilegítima por haberse adquirido mediante el uso de la fuerza.

Mantenerla en la que tiene.

12 Dar a una persona la posesión de un cargo: Otorgárselo de forma oficial.

13 Dar posesión a una persona: Poner de forma real y efectiva a su disposición la cosa corporal, entregarle u otorgar un instrumento como símbolo de la tradición real, o bien dar señal con algún acto u objeto de transferirle derechos o casas incorporales.

14 Recobrar o retener la posesión: Ser una persona amparada judicialmente, por vía sumaria de interdicto, ante el peligro inminente de verse turbado en el goce de una cosa o contra el despojo consumado de ella.

Positivismo Criminológico

Precio

Proviene del latín pretium, que significa valor pecuniario en
que se estima algo, valor que se pide por una cosa o servicio .
En el pago de algunos servicios y en la compraventa de bienes, la
contraprestación se denomina precio por antonomasia, en el préstamo de dinero es interés o rédito y en el arrendamiento de cosas, renta o alquiler. Muchas veces el precio debe ser entregado a la hora de la entrega y de los bienes o servicios (compraventa) .
Las condiciones del precio deben ser :
Ø cierto,
Ø verdadero,
Ø en numerario
Ø justo.

Hay distintas clases de precios:
Ø precio estimativo
Ø precio abusivo
Ø precio alzado
Ø precio legal
Ø precio corriente en plaza

Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Ed.
Heliasta.
Tomo II (C-CH). pp. 57

Código Civil Federal, Ed. Porrúa, México 2001.

Licona, Cecilia. Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Porrúa – UNAM, México 1993. Vol. P-Z. pp. 2472-2473.

Ribo, Luis, Diccionario de Derecho, Barcelona 1987, Ed. Bosch, pp. 408

Zamora, Miguel Ángel. Contratos civiles. Ed. Porrúa. México 1981. pp.
61-70.

Preclusión

Premoriencia

Prenda

Derecho Civil

COntrtatos Civil

Coulture Eduardo J. , Vocabulario Jurídico , Editorial depalma , Quinta Edición , Argentina 1993.

Prerrogativa

Diccionario de Derecho, de Rafael de Piña Vora, ed. Porrua

Diccionario de Derecho privado, Casso y Romero, Ignacio de. Cervera y Jiménez Alfaro, Francisco, ed. Barcelona. España. 1954

Prescripción de acciones

Es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley.

Prescripción

Se puede definir cono una constitución de orden público que extingue la facultad de un acreedor que se ha adstenido de reclamar su derecho durante determinado plazo legal , a ejercer coacción legítima contra un deudor que se opone al cobro extemporáneo o exige
la declaratoria de prescripción.

Prescripción negativa , extintiva o liberatoria

Se da cuando el acreedor no ejerce su derecho de crédito durante el tiempo que en cada caso señala la ley . Para que empiece a correr el tiempo de prescripción se requiere que la deuda sea exigible por haberse llegado el plazo o realizado la condición, es decir , que se trate de una deuda vencida , que el acreedor no la hubiera exigido , para que opere se necesita que el deudor no hubiere renunciado al plazo transcurrido , reconociendo el derecho del acreedor y que en caso de demanda judicial el deudor no ponga la excepción de prescripción pues el juez no puede invocarla ex officio .

El plazo de la prescripción empieza desde el momento en que la obligación es exigible . El plazo normal de la prescripción es de diez años pero son numerosas las excepciones que fija el Código Civil , reduciendo este tiempo . Con criterio casuístico el Código señala plazos de prescripción menores de los diez años sin un sistema congruente.

Si la prescripción se interrumpe por acto del acreedor cobrando la deida , o reconocimiento del deudor , de su obligación , se reinicia el plazo teniéndose por perdido para la prescripción el tiempo anterior . La prescripción liberatoria no procede en contra de incapaces si tutor , entre ascendientes y descendientes mientras dure la patria potestad , entre consortes , contra ausentes en servicio activo en tiempo de guerra.

Está prohibida la renuncia a la prescripción futura pero no a la ganada , por lo mismo el deudor que paga una deuda prescrita no puede invocar pago de lo indebido ni alegar enriquecimiento
ilegal .
Prescripción positiva , adquisitiva o usucapio

Para que proceda se requiere que se posea un título de dueño , esto es que se tenga la posesión originari , por título translativo de dominio o por un hecho que puede incluso ser dleictivo
con animus domini o intención de actuar como propietario de la cosa poseída ; además la posesión debe ser pacífica , o sea que no ha sido adquirida por violencia y si así lo hubiera sido pero posteriormente continuó son necesidad de a ctos violentos , se considera mala fe; debe ser la posesión ser continua pues si es interrumpida el tiempo se contará a partir de la nueva adquisición , sin embargo , el que posee y ha poseído en tiempo anterior se presume
que poseyó en el intermedio . Debe la posesión ser pública , esto es del conocimiento de aquellos que pueden tener interés en interrumpirla por lo que la inscripción de la misma en el Registro Público de la Propiedad hace que se reuna este requisito .Se dice que la posesión que no reúne los siguientes requisitos está viciada , la posesión pacífica se vicia por violencia , la continua por discontinuidad y la pública con clandestinidad que impide de manera absoluta la prescripción , hasta que se hace pública los otros vicios solo tienen el efecto de considerar la
posesión de mala fe con lo que aumentan los plazos para la prescripción
.

Los plazos para la prescripción , cuando hay buena fe es de cinco años para inmuebles y de tres años para muebles . En caso de haber mala fe los inmuebles requieren de diez años en inmuebles y cinco en muebles .

Derecho Civil

Operación por la cual el prestamista entrega dinero al prestatario con el fin de uso por parte de este, y con el compromiso de su posterior devolución, al cabo de cierto tiempo, juntamente con los intereses convenidos.

Presunción de Ley o de Sólo Derecho

Pretensión

Prevaricato

1) Se trata de hechos contrarios a la adm. publica y , especialmente, a la adm. de justicia. Aunque estos delito lesionen, generalmente, intereses
particulares, el daño que experimenta la adm. es el que prevalece para establecer la objetividad jurídica
del hecho.

2) El prevaricato .- La segunda modalidad del prevaricato es la de hecho,
consistente en citar hechos o resoluciones falsas.

Debe mediar una relación entre el hecho o resoluciones falsas citada y el
modo de decidirse el asunto sometido a conocimiento del juez.

Es un delito instantáneo que se consuma en el momento de dictarse la resolución,
con independencia de que se cause daño o de que sea susceptible de recurso.
La revocatoria en una instancia superior nada significa para la configuración
del delito. No parece imaginable la tentativa.

El aspecto subjetivo requiere una consideración especial en esta figura.
El prevaricato es un delito doloso. Ese dolo esta constituido, no solamente por el conocimiento que tiene el juez de los hechos sometidos a su decisión,
si no, también, por sus propios conocimientos y la voluntad de obrar en contra de ellos.

Entre el error o la negligencia y el dolo, hay en el prevaricato una serie
de matices intermedios. El primero de esos matices esta dado por la interpretación
que el juez debe hacer de la ley para aplicarla al caso concreto. Todo aquello
que caiga dentro de los límites de la interpretación esta forma esta fuera
de la figura del prevaricato.



El delito se comete cuando el juez sabe que resuelve en contra de la ley.

En cuanto al prevaricato de hecho, debe entenderse que el juez invoca hechos
falsos cuando ellos no existen o, más exactamente, cuando no aparecen constando
en los autos que resuelve.

Falso es invocar un secuestro que no se ha hecho, declarar que un recurso
ha sido interpuesto fuera del término, cuando lo fue en tiempo, y cosas
semejantes.

Prima

Introduccion al Estudio del derecho

Derecho Cvil

II Los principios generales del derecho son, de acuerdo a la definición proporcionada, criterios o entes de razón que expresan un juicio acerca de la conducta humana a seguir en cierta situación: p.e; el principio "dar a cada quien lo suyo"; uno de estos principios generales del derecho, es un criterio que expresa el comportamiento que han de tener los hombres en su s relaciones de intercambio; este criterio es real, tiene entidad, no como un ser que pueda ser captado por los sentidos del hombre (no como ser sensible), sino como un ser que subsiste en la inteligencia que lo concibe ( como ser mental).
El fundamento de estos principios es la naturaleza humana racional, social, y libre; ellos expresan el comportamiento que conviene al hombre seguir en orden a su perfeccionamiento como ser humano. Así, el principio de "dar a cada quien lo suyo", indica el comportamiento que el hombre ha de tener con otros hombres a fin de mantener la convivencia social; si cada quien tomara para si lo que considera "propio" sin respetar lo "suyo" de cada quien, la convivencia civil degeneraría e la lucha de todos contra todos; en tal estado de cosas no podrían los hombres desarrollar su propia naturaleza, que es por encima social. Este ejemplo explica como el principio "dar a cada quien lo suyo" se impone como obligatorio: su cumplimiento es necesario (con necesidad de medio a fin) para el perfeccionamiento del hombre.
Como se ve, la obligatoriedad de este principio, al igual que la de todos los otros principios generales del derecho, no depende del que esté reconocido o sancionado por la autoridad política, sino que es obligatorio porque define un comportamiento que la razón descubre un comportamiento que la razón descubre ser necesario al perfeccionamiento del hombre.
Respecto a los principios generales del derecho se ha desarrollado una polémica acerca de si ellos son extraños a externos al derecho positivo, o si son una parte de él. Según la posición de la escuela del derecho natural racionalista, hoy ya superada, los principios generales serían principios de un derecho natural entendido como orden jurídico separado del derecho positivo. Según la doctrina positivista, también ya superada o al menos en vías de superación en la mayoría de los países , los principios mencionados serian una parte del derecho positivo, de suerte que nunca podrían imponer una obligación que no fuera mencionada por el mismo ordenamiento positivo; de aquí se concluye que cada ordenamiento positivo tiene sus particulares principios generales y que no existen principios jurídicos de carácter universal.
La posición racionalista que escinde el derecho en dos ordenes jurídicas específicos y distintos, el natural y el positivo, el uno conforme con la razón y el otros producto de la voluntad política; no pueden sostenerse. Es evidente que el derecho producto típicamente humano, es una obra de la inteligencia humana; ella es la que descubre , desarrolla y combina criterios que enuncian un comportamiento entendido como justo; por esto, el derecho también es llamado jurisprudencia, es decir, de los justo y la prudencia se entiende como un habito de la inteligencia . Si bien el derecho, conjunto de criterios, es obra de la inteligencia, su efectivo cumplimiento, el comportarse los hombres de acuerdo a los criterios jurídicos, es obra de la voluntad. Para conseguir el cumplimiento de derecho, el poder político suele promulgar como leyes, aseguradas con una sanción, los criterios jurídicos definidos por los juristas o prudentes. Pero por el hecho de ser promulgados como leyes, los criterios jurídicos no cambian de naturaleza, siguen siendo elaboraciones de la inteligencia humana, si bien presentadas en forma de mandos del poder político. Se ve entonces que la distinción entre derecho natural (obra de la razón) y derecho positivo (obra de la voluntad), no tiene razón de ser; el derecho siempre obra de razón, aun cuando su cumplimiento se asegura por la coacción del poder político.
De acuerdo a esas concepción del derecho como jurisprudencia, los principios generales del derecho son una parte, muy importante, de la ciencia jurídica o jurisprudencia. El que estén o no incorporados en una legislación determinada, es decir, el que estén o no reconocidos por la voluntad política, no tiene relevancia alguna, así como el que un determinado gobierno desarrolle una política que acepta o rechaza un principio de economía política, no hace que tal principio sea parte o no de la ciencia económica.
Relacionada con la polémica acerca de si los citados principios son de derecho natural o de naturaleza estrictamente positiva, se ha planteado la cuestión de si el método para conocer tales principios es el deductivo o inductivo. Para quienes sostienen un "derecho natural", como distinto del derecho positivo , el método tiene que ser solamente deductivo, a partir del concepto de naturaleza humana; para quienes piensan que el derecho positivo comprende los principios generales del derecho, el método para descubrir tales principios es la inducción a partir de las leyes vigentes. Amabas posiciones son superadas por la concepción del derecho como obra de la razón, como jurisprudencia, para la cual ambos métodos son aptos.
No es posible hacer una enumeración exhaustiva de los principios generales del derecho, pues el conocimiento de ellos va perfeccionando poco a poco y por lo mismo su numero y contenido han ido variando, si embargo, por vía de ejemplo se pueden mencionar algunos: la equidad, o sea la prudente aplicación de la ley al caso concreto; la buena fe o lealtad a la palabra empeñada; la obligación de cumplir convenios; el derecho de legitima defensa o sea el rechazar la fuerza con la fuerza, etc.

Introduccion al Estudio del Derecho

Derecho Civil

Introduccion al Estudio del Derecho

Derecho Civil

Introduccion al Estudio del Derecho

Derecho Civil

Principio Lura Novit Curia

PINA VARA, Rafael.Diccionario de Derecho.33ª edición, Ed.Porrua, México

2004. p.525

Prisión

II. En el derecho romano, las XII Tablas permitían al acreedor, un ejercicio de la manus iniectio, el encarcelamiento privado del deudor que no cumplía dentro del plazo convenido; en la cárcel privado, el acreedor retenía al deudor, durante sesenta días, y lo mostraba tres veces en el mercado, para ver si alguien quería liberarlo, pagando la suma debida. Transcurrido este periodo, el acreedor podía vender al deudor fuera de Roma, y aun tenía el derecho de matarlo.
En el año 326 antes de Cristo, la Lex Poetelia Papiria suprimió el encarcelamiento privado por deudas civiles y dispuso que "pecuniae creditae bona debitoris, non hábeas abnoxium esset". Esta "victoria de los pobres sobre los ricos" - como la califica Margadant-, fue un impotante paso en la lucha por la defensa de la dignidad de la persona y en el proceso de patrimonialización de la responsabilidad civil. Sin embargo, no suprimió en formas definitivas la prisión por deudas civiles.
De encarcelamiento privado en manos del acreedor, esta institución se fue convirtiendo en una forma especial de apremio - "apremio personal" o "corporal"- decretada por un órgano del Estado para lograr el cumplimiento coactivo de las sentencias civiles. Con este carácter, la prisión por deudas civiles subsistió en Francia , hasta que se promulgó la "ley relativa al apremio corporal", del 22 de julio de 1867; en Inglaterra, se le suprimió, aunque no de manera absoluta, con la Debtor´s Act de 1869, y en Italia, no fue abolida sino hasta la expedición de los Códigos Civil y de Proceso Civil de 1942.

En los países latinoamericanos la introducción de la prohibición de la prisión por deudas, tampoco es muy antigua. Así, p.e; en la Argentina dicha institución, regulada todavía por Ley núm. 50 (del 14 de noviembre de 1863) de "Procedimientos de los Tribunales Nacionales en lo Civil y Criminal", fue suprimida por la Ley núm. 514 de 1872. En el Ecuador se le suprimió en forma absoluta hasta la expedición de la C de 1928.
En México, la prohibición de la prisión por deudas civiles fue introducida en el a. 17 de la C de 1857, el cual expresaba: "Nadie puede ser preso por deudas de carácter puramente civil". Pese a las objeciones que los diputados Ruiz ("no introduce ninguna novedad y sólo sanciona lo ya establecido") y Castañeda (es innecesario, pues es conforme a los principio del derecho civil) formularon inicialmente al proyecto presentado en el Congreso Constituyente de 1856-1857, esta parte del a. 17 fue aprobada por unanimidad. En realidad, no eran acertadas las observaciones de los diputados mencionados, pues este principio general no había sido recogido, con ese carácter, por ninguna disposición legislativa y, menos aún, constitucional. Y si bien a la posibilidad prevista en la legislación procesal civil de origen hispánico (sobre todo en la Novísima Recopilación ) de someter a la prisión al deudor civil, se oponían numerosas excepciones, lo cierto es que, hasta entonces, no se había formulado una prohibición general y expresa a la prisión por deudas civiles. Igualmente, si ya el a. 18 de la propia C de 1857 establecía que "sólo habrá lugar a la prisión por delito que merezca pena corporal" - disposición referida, como el claro, a la prisión preventiva en el procedo penal-, no resultaba innecesario aclarar, para ser más precisos y tratar de proteger con mayor eficacia los derechos humanos, que para reclamar el pago de una deuda civil estaba prohibido someter a prisión al deudor, como se hacía anteriormente.
]EL acierto histórico del Congreso Constituyente de 1856-1857 fue ratificado, por el Congreso Constituyente de 1916-1917, el cual también aprobó por unanimidad el citado a. 17 cambiando únicamente la palabra "preso" por "aprisionado".

Derecho Civil

Dereccho Romano

Probidad

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Probidad

II. Procedimiento administrativo y proceso administrativo. Corresponde a toda actividad del Estado un procedimiento, que es el cauce legal obligatorio a seguir. Cada una de las tres actividades o funciones del Estado, la legislativa, la judicial y la administrativa, siguen el procedimiento previsto en la ley para su realización. Es común llamar proceso legislativo al procedimiento que deben seguir los órganos legislativos constitucionalmente establecidos a fin de elaborar la ley y realizar su función propia que es la legislativa.
En la doctrina, en la leyes y en la práctica judicial se habla el proceso, para significar el proceso, para significar el procedimiento que se sigue ante los tribunales por quienes desean obtener justicia en un litigio o controversia, cumpliéndose la función jurisdiccional. Finalmente, la función administrativa también se realiza a través de un procedimiento que debe seguir la administración como garantía de legalidad de sus acciones ante sí y frente a los administrados.
Clara se ve la diferencia que existe entre el procedimiento administrativo y proceso administrativo. El primero es el cause legal que sigue ¿la administración para la realización de su actividad o función administrativa, en cambio, el segundo es la vía legalmente prevista para canalizar las acciones de quienes demandan justicia ante los tribunales a fin de resolver una controversia administrativa, es decir, un conflicto originado por un acto o una resolución administrativa que se reputa ilegal.

Por su parte que los CFF de 1967 y el vigente de 1983 separan justamente el procedimiento administrativo tributario y el procedimiento contencioso en materia tributaria, que el CFF de 1938 confundía como fase oficiosa y fase contenciosa del procedimiento tributario.

2.-Conceptos Técnicos. El proceso es una serie de actos coordinados y regulados por el Derecho Procesal, a través de los cuales se verifica el ejercicio de la jurisdicción; lo cual no destaca el conflicto de las partes y lleva a la necesidad de definir diversos términos de la definición.

Con mayor claridad, se expresa que se trata de la coordinada sucesión de actos jurídicos derivados del ejercicio de un acto procesal y que tiene por objeto una decisión de índole jurisdiccional.

3.- Complementos.
a) Fulminar el proceso. Iniciarlo y proseguirlo hasta llegar al estado
de dictar sentencia.
b) Vestir el proceso. Instruirlo o tramitarlo de acuerdo con las
solemnidades del Derecho.

Ramas del Proceso:

Proceso accesorio
Proceso Acumulativo
Proceso Administrativo
Proceso Normal
Proceso Cautelar
Proceso Civil
Proceso Comercial
Proceso Constitutivo
Proceso Contencioso
Proceso Corporativo
Proceso Criminal
Proceso de Cognición
Proceso de Conocimiento Incompleto
Proceso de Ejecución
Proceso de Nurember
Proceso Declarativo
Proceso Dispositivo
Proceso Ejecutivo
Proceso Especial
Proceso Formal
Proceso Incidental
Proceso Integral
Proceso Jurisdiccional
Proceso Laboral Colectivo
Proceso Monitorio
Proceso Ordinario
Proceso Parcial
Proceso Penal
Proceso Preclusivo
Proceso Preparatorio
Proceso Preventivo
Proceso Principal
Proceso Simulado
Proceso Social

Acto por el cual se declara formalmente a una persona como presunto autor de los hechos de delictivos. Esta figura por vez primera, como tal, en el RD de 22 de diciembre de 1872, que promulgó la primera Ley provisional de Enjuiciamiento Criminal, tiene una naturaleza y una utilidad dudosa, lo que está llevando a su progresiva desaparición del panorama procesal.

De hecho, hoy únicamente se aplica en los procesos que siguen el procedimiento del proceso ordinario por delitos graves.

El procesamiento se declara por una resolución judicial adoptada,
generalmente, durante la tramitación del sumario. El procesamiento
supone la apraciación, por parte de un juez, de indicios racionales de criminalidad.

Producto

Son las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado de la federación. (Art. 3 del Código Fiscal de la Federación ).

II. Por recaer específicamente sobre las utilidades provenientes del capital, el tributo absorbe una fracción del ingreso que de otro modo sería reservada, y afecta al ahorro más que cualquier otro tipo de impuestos, lo que lleva a aunque aun manteniendo el empleo pleno, la tasa de formación de capital disminuya e inevitablemente disponible para las empresas, especialmente si el impuesto es progresivo, por que la porción por él extraída de los ahorro es mayor en los niveles de altos ingresos, lo que reduce la capacidad para proporcionar capital.
El hecho de que los rendimientos de suministrar caudal a las empresas - sea por endeudamiento o por emisión de acciones- sean reducidos por el impuesto, disminuye el incentivo a facilitarlos y aumenta la ventaja de mantener la riqueza en forma líquida. Esta tendencia se contrarresta porque es el ingreso derivado del patrimonio, y no la posesión de éste en sí, lo que permite adquirir bienes y mantener un nivel dado de vida. Sin embargo, el efecto neto es disminuir la oferta de fondos para la inversión más que los otros impuestos, y al reducirse el capital total como resultado del gravamen pueden declinar el nivel de producción y el ingreso nacional.
Si la oferta total de numerario se reduce, los intereses y los dividendos tienden a elevarse. Sin embargo, la naturaleza de la estructura total de la oferta de capital depende en gran parte de las medidas del banco central; en periodos en que se desea mantener un nivel dado en la rasa de interés, la oferta será altamente elástica y no habrá p habrá poco incremento en dicha tasa. En la extensión en que la oferta relativa de capital para inversión se reduce, comparada con la oferta total de dinero, suponiendo que se mantiene el empleo pleno es de esperarse que la tasa de utilidad tienda a elevarse; pero si el resultado del impuesto y del programa de gastos es aminorar la inversión y reducir el ingreso nacional por debajo del nivel de empleo pleno, la tasa de utilidad obviamente caerá.
La reacción de los afectados produce modificaciones en los precios de los productos y así alternan el patrón total de distribución de la carga fiscal.

Toda cosa producida, creada o fabricada.Beneficioque se obtiene al vender algo. Rédito o renta. Ingresos. En lo industrial lo obtenido transformado o trabajado la materia prima

Las personas que participan en el instrumento jurídico, también conocidas como partes.
La denominación con que se conocerá a cada uno de los participantes, de acuerdo con el tipo de contrato de que se trate.
El tipo de contrato empleado.

Prófugo

II. Una justificación para la progresividad del impuesto se basa en la relación entre la fase fiscal y la cifra considerada como esencia para mantener un nivel mínimo de vida. Según el caso, no tiene capacidad contributiva quien escasamente obtiene el ingreso suficiente para permitirle sobrevivir, quien cuenta con instalaciones ínfimas para habitar y quien consume el mínimo necesario para substituir. La capacidad porción de la base fiscal en exceso de ese mínimo. Dado que este excedente constituye un porcentaje mayor en las altas capas sociales, se justifica una estructura fiscal progresiva. Dicho de otro modo, la progresividad se requiere porque mientras menor es el estrato socioeconómico las personas requieren todo o la mayor parte de su ingreso para mantener apenas un nivel humano de vida.

La justificación para la progresividad de las tasas distinguiéndola de la progresión creada por la exención de cierta cantidad mínima se basa en el nivel aceptado de patrón óptimo de distribución del ingreso. El argumento más fuerte para la pregresividad es el hecho de que el consenso de la opinión de la sociedad de hoy, considera la progresión como necesaria por equidad. Esta aceptación de la deseabilidad de la progresividad se basa en que el modelo de distribución en el ingreso antes de impuestos implica excesiva desigualdad desde el punto de vista de los mejores intereses de la sociedad. Se trata desde luego de un juicio de valor, que no descansa sobre presunciones de comparación de utilidad interpersonal; la excesiva desigualdad puede ser condenada sobre la base de la injusticia inherente en términos de los estándares aceptados por la sociedad, con fundamento en la diversidad de oportunidades que de ella resulta, o simplemente por el temor a que el desequilibrio económico pueda crear inestabilidad social y política.

Para los oponentes de la progresividad su justificación en el consenso social carece de validez, la califican de una mera racionalización para una política que se sigue simplemente porque la mayoría la sostiene. Para estos críticos que tratan de encontrar un concepto fundamental y absoluto de justicia que sea independiente de las preferencias personales, la falta de estándar objetivo para determinar el grado de progresividad es un argumento decisivo contra cualquier desviación de la imposición proporcional. Aseveran que desde el momento en que se abandona en el marco de los impuestos el principio cardinal de exigir de todos los individuos la misma proporción de sus bienes por concepto de impuestos, no hay injusticia ni insensatez que no pueda cometerse. Se mantiene ese régimen porque se permite a la mayoría votar por un impuesto aplicable a la minoría al que aquella no queda sujeto, determinado ésta la extensión en la que desea reducir la desigualdad económica entre ella y la minoría rica. No reconocen que la cuestión de justicia es una en la que no puede haber respuesta científica, y siguiendo los principios de la democracia, el único criterio aceptable es el consenso del pensamiento de la mayor parte de la población.

Tanto la justificación de la progresividad como la del grado deseado de progresión, descansan no es criterios objetivos, sino simplemente en el consenso de la comunidad sobre el estándar de equidad en la distribución del ingreso. La escala de progresividad se determina de acuerdo con la interpretación del grado de diferencia en el ingreso que es tolerable de acuerdo con el consenso social.

La promulgación es, en términos comunes, la publicación formal de la ley.

De esta definición se infiere que no hay lugar a distinguir gramaticalmente entre la promulgación y la publicación. Las dos palabras tienen el mismo significado cuando a la ley se refieren, y así se demuestra el empleo que se les ha dado y se les da en el lenguaje corriente y en el jurídico; la constitución y los códigos de 70 y 84 emplean
indistintamente los dos términos para expresar la misma idea (artículos 70,72 inciso a), y 89, fracción I de aquella y 2 a 4 de éstos).

Pero la promulgación de la ley encierra dos actos distintos: por el primero, El Ejecutivo interpone su autoridad para que la ley debidamente aprobada se
tenga por disposición obligatoria; por el segundo la da a conocer a quienes deben cumplirla.

El primer acto implica, naturalmente, que la ley ha sido aprobada por el Ejecutivo o que, objetada por él, ha sido ratificada por las cámaras. Como se ve, la
intervención del ejecutivo en la formación de las leyes tiene 3 fases independientes, con fines diversos y efectos propios de cada una. Por esta causa deben
jurídicamente distinguirse los actos correspondientes a cada una de esa fases y hay que darles nombre especial.

Gacía Maynes Eduardo, “Introducción al Estudio del Derecho”,Ed Porrúa S. A, ed. 50ª México, Págs 60-61.

La promulgación es, en términos comunes, la publicación formal de la ley.
De esta definición se infiere que no hay lugar a distinguir gramaticalmente entre la promulgación y la publicación.

Las dos palabras tienen el mismo significado cuando a la ley se refieren, y así se
demuestra el empleo que se les ha dado y se les da en el lenguaje corriente y en el jurídico; la constitución y los códigos de 70 y 84 emplean indistintamente los dos términos para expresar la misma idea (artículos 70,72 inciso a), y 89, fracción
I de aquella y 2 a 4 de éstos).

Pero la promulgación de la ley encierra dos actos distintos: por el primero, El Ejecutivo interpone su autoridad para que la ley debidamente aprobada se
tenga por disposición obligatoria; por el segundo la da a conocer a quienes deben cumplirla.

El primer acto implica, naturalmente, que la ley ha sido aprobada por el Ejecutivo o que, objetada por él, ha sido ratificada por las cámaras. Como se ve, la
intervención del ejecutivo en la formación de las leyes tiene 3 fases independientes, con fines diversos y efectos propios de cada una. Por esta causa deben
jurídicamente distinguirse los actos correspondientes a cada una de esa fases y hay que darles nombre especial.

García Maynez Eduardo, “Introducción al Estudio del Derecho ”,Ed Porrúa S. A, ed. 50ª México, Págs 60-61.

Propiedad

II. Ordinariamente forman parte de la propiedad municipal: calles, parques, jardines públicos, alcantarillado, edificios o casas municipales, lotes, cementerios, entre otros, a través de los cuales se satisface las necesidades esenciales de la población municipal.

Estos bienes son tan numerosos y variados que hacen difícil una clasificación satisfactoria. En la actualidad, la tendencia de las constituciones locales (Baja California Sur, Guanajuato, Quintana Roo), es señalar su forma jurídica, su naturaleza y sus sistemas de administración, indicando algunas alternativas para la clasificación de los bienes de la propiedad municipal: por otra parte, este asunto (propiedad municipal) también suele ser abordado en las leyes orgánicas municipales. Como es el caso de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial de 11 de diciembre de 1977, la cual en sus aa.82-84 establece los bienes que integran el patrimonio municipal. Señalando que son de dominio público y de dominio privado.

Son bienes de dominio público: a) los de uso común municipal: b) los bienes muebles e inmuebles, y c) los muebles normalmente instituidos como lo son los expedientes de las oficinas, archivos, libros antiguos, piezas históricas o arqueológicas, obras de arte y otras de igual naturaleza, que no sean del domino de la federación o del Estado.

Son bienes de dominio privado los que les pertenecen en propiedad y los que en lo futuro ingresen a su patrimonio y no estén destinados al servicio público.

Los bienes de domino privado pueden ser enajenados y para ello se requerirán la aprobación del Congreso del Estado.

Los bienes de dominio público municipal son inafectables, imprescriptibles e inalienables y no están sujetos, mientras no varíe su situación jurídica, a acción reivindicatoria.

II. A esta clase de propiedad se le denomina social precisamente por las características especiales que tiene, por mandato constitucional. En efecto, esta propiedad resulta que es inenajenable, inembargable, imprescriptible e intransfererible. Únicamente el gobierno federal y en ciertos supuestos, puede proceder a desafectar parte o la totalidad de este tipo de propiedad, atribuida a una comunidad o ejido. Así pues, dichas comunidades y ejidos únicamente tienen el derecho para su aprovechamiento, bien sea mediante el régimen de explotaciones individualizadas, bien sea mediante el régimen de explotación en común, bien sea por medio de regímenes mixtos, de acuerdo a los supuestos concretos de que se trate y a las previsiones de las leyes agrarias.

III. Esta modalidad de la propiedad social de la C. Mexicana es, sin duda alguna, una de las formas más hermosas de la propiedad, de las más justas y equitativas. Es la que mejor responde al planteamiento teológico de la justicia conmutativa y distributiva, ideal del grupo humano; la que más se acerca a este planteamiento que , p.e., Francisco de Victoria se hacía respecto al bien común, cuya administración, correspondía al órgano de gobierno propio de cada comunidad o Estado. Éste fue también el planteamiento original de la reforma agraria: el disfrute de tierras, bosques y aguas, propiedad originaria de la nación, de manera común. Los repartos individualizados vinieron más tarde, cuando fracasaron las restituciones ordenadas por el Constituyente.

Finalmente es muy oportuno señalar que gracias a este profundo sentido social, que adquiere inclusive una especialísima modalidad de la propiedad en México, derivado de la consideración de la justicia que asiste a todos estos grupos humanos, fue como debía hacerse posible la idea de la reforma agraria y nunca mediante la invocación tradicional del interés público, tal como pretendía hiciera Carranza, o según se preveía en el a. 27 del Proyecto de Constitución en relación con la explicación que del mismo hizo el primer jefe ante el Constituyente. El interés público evidentemente es algo muy diferente, es aquello que beneficia o puede beneficiar a todos los individuos, como una plazo, una calle.

Entre los aztecas solamente el señor (Tzin) podía disponer de la tierra como propietario ejercer la plena in re potestas (derecho de usar, del fruto y disponer de una cosa). El señor podía dejar las tierras para si, llamándose entonces Tlatocalli (tlatoa-mandar, calli-casa) o los repartía entre los Principales (pipíltzin) siguiendo por regla general sus costumbres, pero estas tierras podían volver al poder del señor cuando este los desease, los siguientes son los tipo de propiedad que emanaban del señor:

1.- Pillalli: Clavijero escribió que eran posesiones antiguas de los pipíltzin, transmitidas de padres a hijos, o concebidas por el Rey en galardón de los servicios hechos por la corona. Mas adelante el mismo historiador dijo que había tierras de la corona llamadas tecpanatalli, reservadas siempre al domino del rey y que gozaban del usufructo ciertos señores llamados tecpanpounque y tecpantlaca, es gente del palacio.

Los Principales no pagaba tributos, pero pagan al señor servicios militares, políticos, administrativos, etc, y este los compensaban, según sus merecimientos, con tierras cuya extensión y condiciones solo dependían de su voluntad; algunas veces les permitía transmitir o vender sus tierras, con la prohibición en todos los casos que las tierras se transmitieran a manos de plebeyos, pues la venta era inexistente y el Principal perdía todo derecho a la tierra. Entre los pipíltzin se contaban los parientes y allegados al señor, los Principales y los hijos de los Principales, caballero (tecutli), comendadores (tetecultzin o teules), y gobernadores, caciques (tlatoani).

Estas tierras al igual que las demás a excepción del calpulli las trabajaban gentes del pueblo que no eran dueños de ellas.

2.- Teotlalpan: Los productos de esta tierra llamada teotlalpan (tierra de los dioses) estaba destinadas a sufragar los gastos del culto.

3.- Milchimalli: Estas tierras estaban destinadas a proveer de víveres al ejercito en tiempo de guerra las cuales se llamaban milchimalli o cacalomilli según la especie de víveres que daban.

4.- Atepetlalli: Habia tierras cuyos productos se destinaban a sufragar los gastos del pueblo y Clavijero escribió que el atepletalli "esto es de los comunes de las ciudades se dividían en tantas partes como fueran los barrios de aquella población y cada barrio poseía su parte con entera exclusión e independencia de los otros". Esta institución tuvo perfiles similares a lo que los españoles llamaron propios.

5.- Calpulli: Como génesis nominativa lo indica (calli-casa, pulli-agrupación), era una parcela de tierra que se le asignaba a un jefe de familia para el sostenimiento de esta siempre que perteneciera un barrio o agrupación aunque muy al principió el requisito mas que de residencia era el de parentesco entre las gentes de un mismo barrio. A cada barrio se le determinaba cantidad de tierras para que las dividiera en parcelas o calpullec (plural de calpulli) y le diera una parcela a cada cabeza de familia de las que residían en ese barrio los cabezas o mayores de cada barrio (chinancalli) eran quienes distribuían el calpullec.

El calpulli fue una especie de propiedad que tenia una función social que cumplir, la propiedad de las tierra s del calpulli era comunal y pertenecía al barrio o calpulli al cual había sido designado pero el usufructo del calpulli era privado y lo gozaba quien lo cultivaba por lo anterior se presume que el calpulli no podía enajenarse pero si dejarse en herencia.

Los requisitos fundamentales para tener un calpulli y no fuera molestado en el goce del mismo consistía en ser residente del barrio que se tratara y continuar viviendo en el mientras se deseara seguir conservando el calpulli, pero además y esto era fundamental, la tierra debía cultivarse sin interrupción pues si dejaba de cultivar un ciclo agrícola, el jefe de familia que detentara el calpulli era llamado y amonestado por el jefe del barrio (calputlalli) y si el amonestado reincidía de tal manera que el calpulli dejara de cultivarse dos ciclos agrícolas el jefe de familia perdía el calpulli y este se le asignaba a otra familia que quisiera cultivarlo, en caso de que hubiera conflicto y que se dudara de la equidad de la resolución del jefe de un barrio, este llevaba el asunto al tribunal correspondiente para que se resolviera el caso.

Finalmente como un punto de vista personal noto la coincidencia que existe entre el calpulli y nuestro ejido actual de 1915 a 1992 y como desde entonces nuestro pueblo se perfila la propiedad como una institución dinámica que debería responder una función social.

El artículo 27 de la Constitución vigente construye un régimen triangular de propiedad, integrado por la propiedad privada, propiedad pública y la propiedad social. De este modo la propiedad privada es tan sólo uno de los tres tipos de propiedad que reconoce y regula el orden jurídico mexicano. Este régimen triangular de la propiedad, no sólo se refiere a las tierras y aguas, sino que comprende también a los medios de producción. Lo anterior aunado a las libertades individuales y sociales que en materia económica garantiza la Constitución y a las propias atribuciones del Estado para intervenir en el proceso económico, determinan el carácter mixto de la economía mexicana. El actual párrafo del articulo 25 de la Constitución dice: “al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social, el sector público, el sector social, y el sector privado, sin menoscabo de otras personas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación”.

La propiedad privada ha sido reconocida como garantía individual a lo largo de todo el constitucionalismo mexicano, a partir de la Constitución de 1814. El artículo 34 de esta declaro: “Todos los individuos de la sociedad tienen derecho a adquirir propiedades y disponer de ellas a su arbitrio con tal de que no contravenga la ley”. El artículo 30 del Acta Constitutiva de la Federación prescribió que la nación estaba obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano, desde luego incluido el de propiedad. El artículo 2 fracción III de la Primera Ley Constitucional de 1855, estableció como derechos del mexicano el no poder ser privado de su propiedad ni del libre uso y aprovechamiento de ella en todo ni en parte. El artículo 9 fracción XVIII, de las Bases de Organización Política de la República Mexicana (1843) estableció que la propiedad era inviolable, sea que perteneciera a particulares o corporaciones. El artículo 27 de la Constitución de 1857 dijo: “La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización”.

La Constitución vigente también reconoce este derecho, pero con un sentido nuevo y un contenido diverso, que es la más acabada manifestación del movimiento político social de 1910. La Constitución de 1917 reconoce a la propiedad privada en el primer párrafo del artículo 27, que dispone: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”.

Bajo este orden de ideas, y a partir del concepto de propiedad originaria de la nación, debe desprenderse que si bien es cierto que nuestra Constitución reconoce a la propiedad privada como un derecho público subjetivo, ya no la adopta en su sentido clásico individualista, ya no con una extensión absoluta, sino por el contrario, la reconoce como una propiedad limitada, derivada y precaria. Pero reconocida así es protegida por la Constitución mediante una serie de garantías, establecidas principalmente, en los aa. 14, 16, 22 y 28 contra los actos arbitrarios de autoridad.

El a. 27 de la C, en su primer pfo., está articulado directamente con disposiciones de CC: El a. 16 que dispone que “los habitantes del Distrito Federal tienen obligación de ejercer sus actividades y de usar y disponer de sus bienes en forma que no perjudique a la colectividad, bajo las sanciones establecidas en el propio código y leyes relativas”. Por su parte, el a. 830 del mismo código estatuye que el “el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes”.

La propiedad privada está sujeta principalmente a dos tipos distintos de limitaciones: la expropiación por causa de utilidad pública y las modalidades que dicte el interés público. Las modalidades a la propiedad privada están previstas en el artículo 27 párrafo 27, en los siguientes términos: “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”.

Estas modalidades constituyen el derecho que tiene el Estado para modificar el modo de ser o de externación de los tres atributos de la propiedad (uti, fruti y abuti) en correspondencia con los dictados del interés público. En términos generales puede afirmarse que las modalidades se traducen en restricciones o limitaciones que se imponen al propietario, en forma temporal o transitoria, para usar, gozar y disponer de una cosa de su propiedad.

La capacidad para adquirir la propiedad privada es una cuestión también regulada por el a. 27 de la C. En su fr. I esta disposición establece que “sólo los mexicanos por nacimiento y naturalización y las sociedades mexicanas, tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y accesorios o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas”. Sin embargo, en pfos. Subsecuentes se hacen una serie de excepciones a esta regla general.

Mendieta y Nuñez, Lucio, El sistema agrario constitucional; explicación e interpretación del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus preceptos agrarios; 5ª. ed.; México, Porrúa, 1980.

Tena Ramírez, Felipe, Leyes Fundamentales de México, 1880-1982; 11ª. ed.; México, Porrúa, 1982

Proporcionalidad

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Real Academia

Prórroga

1. Continuación de una cosa por un tiempo determinado.
2. Plazo por el cual se continua una cosa.
3. Aplazamiento.

Protocolo

Protocolo

Si el protesto no se extiende dentro de los plazos legales en principio al dia siguiente del vencimiento, los endosantes quedan liberados.

En general protesta. en Derecho Mercantil, requerimiento notarial que se hace para justificar que no ha se ha querido aceptar o pagar una letra de cambio, para reservar así los derechos del tenedor contra el librador, endosantes, avalistas o intervinientes.

El documento o instrumento que acredita este acto.

Testimonio escrito que libra el notario o escribando de tal protesta o requerimiento.

Carácter. El protesto, prueba de no haberse aceptado o pagado una letra de cambio y necesario para entablar la acción cambiaria ejecutiva , en un acto solemne.
Formulación. Además, el protesto ha de entenderse con el sujeto a cuyo cargo esté girada la letra.
Domicilio. El domicilio legal para evacuar las diligencias del protesto. No constando domicilio, el protesto se entiende con la autoridad municipal o judicial de la localidad.
Hay diferentes tipos de protesto como el protesto para garantia, protesto para mayor seguridad, protesto por quiebra del librado.

Vocabulario Juidico. Henri Capitant. Ediciones Depalma, Pagina 450

Proveído

Proyecto

1. Intención de hacer algo o plan que se idea para poderlo realizar.
2. Redacción o disposición provisional de un escrito, un tratado, un reglamento, etc.
3. Conjunto de planos y documentos de una obra o edificio, instalación, maquina, etc. que se han de construir o fabricar

Prueba

Puja

Punición